Esta semana ha sido aprobado el Proyecto de Ley por el que se suprime el gravamen del Impuesto sobre el Patrimonio.

Este impuesto complejo, anticuado y desincentivador de la generación de riqueza, ha estado clavado como un dardo envenenado desde que se aprobó, supuestamente, para que diera solución a problemas coyunturales.

Se ha mantenido arguyendo fines de control. La compleja estructura censal y los medios informáticos ya no justifican su continuidad.

Pero técnicamente el Impuesto no desaparece. Se ha aprobado una bonificación general del 100% de la cuota así como la no obligación de su presentación.

El Gobierno no se muestra en desacuerdo con el Impuesto, y exime de su gravamen pero no lo deroga. ¿Por qué? Si el ejecutivo decidiese reinstaurar la tributación por el Impuesto sobre el Patrimonio sería, obviamente, más sencillo derogar la bonificación que implantar un nuevo tributo.